¿Qué busca esta reforma?

Según el informe del FMI, la Argentina debe garantizar que el sistema previsional sea “sostenible y equitativo”. En otras palabras, que no le cueste tanto dinero al Estado y que quienes accedan a la jubilación tengan aportes realizados.

Para eso, el Gobierno trabaja en un rediseño del sistema de pensiones, que implica evitar el ingreso a la jubilación de personas sin los aportes suficientes, algo que era posible hasta marzo a través de la moratoria previsional.

¿Por qué preocupa esta reforma?

El problema es que más de la mitad de los actuales jubilados argentinos accedieron al beneficio gracias a las moratorias. Según datos oficiales, el 54,6% de los jubilados y pensionados del sistema (más de 4 millones de personas) se jubilaron sin contar con los 30 años de aportes obligatorios.

Además, el 74% de quienes accedieron por moratoria son mujeres, muchas de las cuales trabajaron en la informalidad o como amas de casa sin aportes registrados.

Sin la posibilidad de regularizar sus aportes, esas personas quedarían excluidas del sistema jubilatorio o deberían conformarse con pensiones no contributivas, que son muy inferiores al haber mínimo.

¿Por qué se elimina la moratoria?

Desde el Gobierno explicaron que la moratoria “dejó de ser una medida excepcional” y que permitía jubilarse sin haber aportado, lo que “afectaba la coherencia del sistema”.
El objetivo, según el oficialismo, es que solo quienes trabajaron en blanco y realizaron aportes puedan jubilarse, apostando a un mercado laboral más formal. Sin embargo, esta transformación estructural llevará años y deja a miles de personas sin una alternativa inmediata.

¿Qué implica esto para el futuro?

Mientras se trabaja en la reforma, el Estado ya eliminó la última moratoria previsional aprobada en 2023. Las únicas personas que pueden regularizar aportes son aquellas que están a menos de 10 años de la edad jubilatoria.

Pero si el proyecto que se presentará en 2026 avanza en el Congreso, el acceso a la jubilación será aún más restrictivo, afectando sobre todo a las personas con trabajos informales o con aportes incompletos.

En conclusión

Aunque el Gobierno justifica la reforma como una medida para cuidar las cuentas públicas, el impacto real será una mayor exclusión previsional. Con más de la mitad de los jubilados actuales beneficiados por moratorias, la eliminación de esta herramienta representa un fuerte retroceso en derechos sociales, especialmente para las mujeres y los trabajadores precarizados.