La intención del Gobierno Nacional de establecer penas para los legisladores que aprueben gastos con déficit fiscal no sólo fue rechazada por la dirigencia de la oposición sino también por abogados constitucionalistas, que advirtieron sobre la ignorancia del presidente Javier Milei en cuestiones elementales como la división de poderes, la independencia del Legislativo y el pleno ejercicio de los derechos políticos.