La cifra se revela insuficiente frente a una inflación interanual que ronda el 43,5 %, según el último dato oficial.

El INDEC contabilizó una inflación de 2,8 % en abril, mientras que en mayo alcanzó el 1,5%, siempre según los datos oficiales que, en lo concreto, distan mucho de ser los que afectan a la realidad económica de los argentinos. Sin embargo, y aún tomando las cifras del INDEC, la oferta oficial de suba salarial de La Libertad Avanza se mantuvo en apenas 1% en las paritarias de la Administración Pública Nacional
El anuncio oficial de Nación para los empleados públicos nacionales genera fuerte malestar entre los gremios estatales, al considerar que profundiza la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. La medida, correspondiente a la paritaria del mes de julio, se enmarca en la política de ajuste fiscal que la gestión de Javier Milei mantiene desde su llegada al Ejecutivo.
Según datos oficiales del INDEC, la inflación interanual a mayo de 2025 alcanzó el 43,5 %, mientras que el Índice de Precios al Consumidor de junio se estima entre un 1,7 y 2 % según las proyecciones privadas. En lo que va del año, el alza de precios ya superó el 13 %. En ese contexto, el aumento del 1 % resulta notoriamente insuficiente para recomponer los salarios de los trabajadores del Estado nacional, quienes ya vienen arrastrando una fuerte caída de sus ingresos reales desde diciembre.
La decisión del Ejecutivo generó una inmediata reacción por parte de las organizaciones sindicales. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificó el aumento como "una burla" y denunció que "el salario de los estatales nacionales ya perdió más del 40 % en lo que va del año". Por su parte, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) afirmaron que "la paritaria está desvirtuada" y que “el Gobierno impone cifras que están muy por debajo incluso de la inflación mensual”.

Disciplinamiento
Ambos gremios coinciden en que se trata de una estrategia deliberada para disciplinar al empleo público como parte del ajuste estructural que lleva adelante el Gobierno nacional. A esto se suma el cierre de organismos, la reducción de planteles, la no renovación de contratos y la caída de los fondos destinados a programas públicos. Mientras tanto, sectores como educación, salud, ciencia y cultura denuncian que el deterioro salarial impacta directamente en el funcionamiento de áreas sensibles del Estado.
En contraste con lo que ocurre en varias provincias, donde se han cerrado acuerdos paritarios con incrementos mensuales más acordes a la inflación, los trabajadores de la administración pública nacional quedan nuevamente rezagados. La situación tensa aún más el vínculo entre el Gobierno y los sindicatos, que no descartan nuevas medidas de fuerza.
El anuncio del 1 % reabre el debate sobre el rol del Estado y la sostenibilidad social de una política que prioriza el superávit fiscal incluso a costa del salario y el bienestar de sus propios trabajadores.