En un país con la economía al borde del colapso social, y con un presidente que proclama con orgullo haber “fundido a las provincias”, La Rioja se encuentra entre las más castigadas por las políticas del gobierno nacional. En los primeros meses del año, los números hablan por sí solos: la coparticipación federal cayó de manera dramática, pasando de $88.000 millones en enero a $74.000 millones en marzo, generando un ahogo presupuestario sin precedentes. A esto se suma una deuda de $265.900 millones que la Nación mantiene con nuestra provincia en concepto de fondos compensatorios, un tema actualmente judicializado, aunque —como sabemos— la Justicia suele tomarse su tiempo para actuar. A pesar de este panorama adverso, la provincia ha logrado mantener a flote la administración pública, pagar salarios en tiempo y forma, conservar beneficios como el boleto estudiantil gratuito, los subsidios a la tarifa eléctrica y continuar brindando asistencia a sectores clave como salud, educación y servicios esenciales. Todo esto sin recurrir al despido de un solo trabajador estatal, una línea roja que muchas otras provincias ya han cruzado. El gobernador Ricardo Quintela eligió gobernar con humanidad en un contexto de deshumanización. Mientras el gobierno de Javier Milei desmantela el rol del Estado, la provincia debió asumir funciones que constitucionalmente corresponden al gobierno nacional. En este escenario, algunos sectores reclaman aumentos salariales como si el contexto actual fuera el de años anteriores. No se trata de negar la necesidad de un salario digno —eso está fuera de discusión—, sino de señalar con claridad a los verdaderos responsables del estrangulamiento financiero. Porque si los fondos que nos corresponden por ley no llegan desde la Nación, ¿de dónde saldrán los aumentos? Los ingresos que se recaudan a través de la DGIP sostienen el funcionamiento del Estado provincial, pero son limitados y dependen tanto del cumplimiento tributario de los contribuyentes como del movimiento económico, hoy paralizado por la brutal licuación provocada desde la Casa Rosada. Y mientras tanto, ¿qué hacen los representantes nacionales de La Rioja elegidos por el espacio libertario? El senador Juan Carlos Pagotto y el diputado Martín Menem —presidente de la Cámara baja y tercera figura en la línea de sucesión presidencial— no presentaron ni un solo proyecto para aliviar la situación de su provincia. Peor aún: son cómplices de este ajuste brutal que padecen los mismos ciudadanos que los votaron. Lo que está en juego hoy no es solo una recomposición salarial. Lo que se discute es el federalismo, la justicia distributiva y el futuro de una provincia que, con esfuerzo y administración responsable, intenta resistir el abandono nacional. Pero los fondos son finitos. Es hora de que los reclamos se orienten hacia donde realmente deben dirigirse. La Rioja no necesita más exigencias internas: necesita respaldo para exigir lo que legítimamente le corresponde. Porque no se trata de defender a un gobierno: se trata de defender a una provincia y a su gente.