El tribunal, integrado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la titular de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, consideró que la solicitud es "material, temporal y jurídicamente inviable". Desde Casa Rosada dejaron trascender que Milei no apelará el fallo de la Junta Electoral, pese a que constituye un duro revés para los comicios en un territorio donde ya perdió por una diferencia de dos dígitos el 7 de septiembre pasado. En la resolución judicial, se resuelve que "las boletas únicas papel ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial, debiendo ser utilizadas en el acto electoral del próximo 26 de octubre en todo el territorio del distrito Buenos Aires". El problema para el oficialismo es que esas boletas llevan la cara de Espert al tope de la lista, algo que los consultores del gobierno consideran perjudicial para la performance electoral. De hecho, Milei tomó la decisión de bajar la candidatura del economista recién cuando Santiago Caputo le llevó encuestas en las que, supuestamente, los libertarios perdían por 20 puntos contra el peronismo en el distrito bonaerense. La Junta Electoral fundamentó su decisión alegando que si aceptara el pedido del gobierno "comprometería la realización misma de las elecciones, la seguridad jurídica, la igualdad entre las agrupaciones políticas y el ejercicio pleno del derecho al voto". "Debe advertirse que ordenar una reimpresión total del instrumento de votación, en esta instancia del proceso, implicaría un riesgo cierto de frustrar la realización de los comicios, ya que los tiempos técnicos y logísticos requeridos tornarían inevitable la suspensión o postergación de la elección, circunstancia que no registra antecedentes en la historia electoral argentina, donde nunca se ha debido suspender una elección nacional por falta de boletas o instrumentos electorales", dice el fallo. También advierte que conceder el pedido del gobierno sentaría un precedente que podría comprometer en adelante la estabilidad del proceso electoral, ante hechos fortuitos. "La solicitud debe ser rechazada, no sólo por su imposibilidad material, temporal y jurídica, sino también por sus consecuencias económicas, institucionales y operativas, y por el riesgo de generar un precedente contrario a la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral", asevera.