Lejos de cualquier límite institucional, Javier Milei volvió a exponer su desprecio por la división de poderes al atribuirse una potestad que solo le corresponde a los tribunales. Su declaración sobre Cristina Fernández de Kirchner desnuda no solo una peligrosa confesión de interferencia judicial, sino también la matriz autoritaria que atraviesa su gobierno. En una nueva muestra de descontrol verbal y desprecio por la institucionalidad democrática, Javier Milei declaró públicamente que la renuncia de José Luis Espert se debía a “una venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de meter presa a Cristina”. La frase, pronunciada con total liviandad, equivale a una confesión explícita de injerencia directa sobre el Poder Judicial, algo que en cualquier democracia sana sería considerado un escándalo institucional de primer orden. Con esas palabras, Milei no solo reconoció haber impulsado —o al menos intentado— una persecución política contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que además asumió con orgullo el rol de jefe político de un Poder Judicial subordinado, como si los jueces fueran empleados a su servicio. En la historia argentina reciente, ni siquiera los gobiernos más cuestionados por el uso político de la Justicia se habían atrevido a decirlo tan abiertamente. La afirmación de Milei tiene implicancias gravísimas: revela que las causas contra la exmandataria no son el resultado de un proceso judicial independiente, sino parte de una estrategia política coordinada desde la Casa Rosada. El presidente no habla como un observador externo, sino como el autor intelectual de una persecución que él mismo denomina “decisión”. Esta admisión pública, además, refuerza la visión de que el gobierno libertario utiliza el aparato judicial como un instrumento de disciplinamiento y revancha política. La supuesta “venganza” que menciona Milei es, en realidad, la venganza del poder económico y mediático que lo sostiene, contra un proyecto político que durante años defendió la soberanía nacional y los derechos sociales. En democracia, el Poder Ejecutivo no puede —ni debe— “meter presa” a nadie. Esa tarea corresponde exclusivamente al Poder Judicial, dentro de los límites que impone la Constitución. Cuando el propio presidente se jacta de haber tomado esa decisión, lo que está diciendo es que el país vive bajo un esquema de poder concentrado, donde la justicia actúa al compás de las órdenes del Ejecutivo. El mensaje también deja en evidencia la matriz de impunidad que rodea al gobierno. Mientras Milei confiesa haber presionado a la Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner, guarda silencio ante las causas que salpican a su entorno más cercano: los negociados financieros del caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores y las conexiones del ahora exdiputado Espert con el empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado. La frase de Milei no es un exabrupto más. Es la prueba de que el discurso del “fin de la casta” y la “república” fue apenas un envoltorio para justificar una ofensiva autoritaria, que busca disciplinar a la oposición política, perseguir a la dirigencia sindical y someter al Poder Judicial a la voluntad del Ejecutivo. Confesar públicamente que “tomó la decisión” de meter presa a una dirigente política opositora no es solo un acto de soberbia; es una confesión de culpabilidad institucional. Milei dejó de ser un presidente polémico para convertirse, con sus propias palabras, en el símbolo del ataque más frontal al Estado de derecho desde el retorno de la democracia. La pregunta que queda flotando es inquietante: si hoy el presidente se adjudica el poder de encarcelar a una ex presidenta, ¿qué límites tendrá mañana frente a cualquier ciudadano o dirigente que se atreva a cuestionarlo?