El Gobierno oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos. La medida que podría elevar a 95 mil la cantidad de puestos de trabajo eliminados por orden de Javier Milei estará vigente hasta finales de noviembre próximo y está particularmente dirigida a todos aquellos estatales que estén a punto de jubilarse y se desempeñan en ministerios y secretarías de la administración central. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), “el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores” y los cargos dados de baja no podrán cubrirse. “Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir”. El régimen apunta a reducir aún más la cantidad de trabajadores permanentes de dependencias públicas, que en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ya tuvo una sangría de más de 74 mil puestos dentro del Estado. La avanzada de Sturzenegger La medida que garantiza la continuidad del vaciamiento del sistema público había sido anunciada a principios de mes por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue oficializada hoy en el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. Se trata de una estrategia más para desligarse de trabajadores estatales. Entre el personal que adhirió a retiros voluntarios anteriores, aquellos a los que no se les renovaron los contratos, los pases a disponibilidad y los despidos, en los últimos dos años y medio el Gobierno se deshizo de un 21 por ciento de la planta de trabajadores de la administración pública. Cómo es el plan de retiros voluntarios Esta vez, los retiros estarán vigentes del 1 al 30 de noviembre y están destinados a dependencias del Poder Ejecutivo, como ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. Pero tiene una singularidad: está dirigido a mujeres y hombres que ronden la edad jubilatoria. La justificación para dejar en la calle a trabajadores por cuya edad se verán en la dificultad de acceder a un nuevo empleo es la de los últimos dos años: “Procurar una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos”. Habrá tres grupos: Mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63. Podrán elegir entre un pago mensual del 60 por ciento de la remuneración bruta mensual, hasta un máximo de 36 meses. La otra alternativa es percibir durante 18 meses una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad. Mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes jubilatorios. La compensación será hasta 18 remuneraciones equivalentes a un sueldo bruto, más una suma adicional de 5 sueldos brutos. Mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La gratificación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones. Quienes tengan menos de 15 años de antigüedad, recibirán cuatro sueldos adicionales. Los pagos únicos se abonarán de la siguiente manera: hasta 20 millones de pesos en un solo pago o más de 20 millones de pesos en cuotas mensuales y consecutivas. “Es despido extorsivo” “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más”, denunció Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, quien obviamente rechazó la medida. Uno de los requisitos que pone el Gobierno para acceder al retiro voluntario es aceptar la prohibición de volver a trabajar en el Estado durante 8 años. Es decir cuando debido a la jubilación ya no puedan acceder a un empleo formal, salvo aquellos que puedan acceder a un cargo docente en universidades nacionales. Aguiar dejó claro el “total rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno”. “Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”, apuntó el dirigente. Además, advirtió que “si los retiros son verdaderamente voluntarios, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”. El cuestionado régimen de retiros se activó a pesar de que ATE viene denunciando un clima de hostigamiento permanente contra los empleados estatales, con métodos de presión para que renuncien o acepten los retiros. Parte de la presión ha sido empobrecer los sueldos: los salarios del sector están hoy entre un 21 y un 40 por ciento por debajo del nivel que tenían al asumir Javier Milei, quien reconoció públicamente que la disminución del poder adquisitivo en el sector estatal forma parte del diseño de su plan económico.