La represión a la marcha de los jubilados con apoyo de hinchas de fútbol de distintos clubes que se realizó el pasado miércoles fue definida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por su despliegue y consecuencias, como “la más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”. Este viernes se multiplicaron las denuncias penales contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el feroz operativo.

Según las presentaciones judiciales, el procedimiento conjunto de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad, que comenzó a reprimir antes del horario formal del comienzo de la movilización:

• Dejó un saldo de 672 heridos, según precisó la CPM. Entre ellos se encuentran los casos Pablo Grillo, el joven fotógrafo con impacto de una granada de gas en la cabeza que lucha por su vida; de Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que tuvo que ser atendida de urgencia por un golpe de un agente policial; y una niña de 14 años con quemaduras por los gases lacrimógenos.
   
• Tuvo 114 personas detenidas que fueron liberadas varias horas después del arresto y siguen imputadas. La inmensa mayoría de esas aprehensiones –sino todas- fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades, según surge de los testimonios que comienzan a conocerse y que están siendo relevados por quienes investigan la violencia institucional.
   
• Contó con más de mil agentes, que realizaron “miles de disparos con postas de goma”, “arrojaron centenas de granadas de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta” y utilizaron al menos 4 camiones hidrantes con los que “rociaron de agua a cientos de personas”, de acuerdo a un relevamiento realizado por la CPM.
   
• Hubo agentes que portaban armas letales. Bullrich habilitó que las fuerzas federales puedan tener portación de ese tipo de armas pero que las lleven a una protesta social implica un riesgo muy alto para los manifestantes.