Esta decisión, plasmada en el decreto 70, desmantela subsecretarías y programas esenciales. La eliminación de la Secretaría pone en riesgo la continuidad de 130 mil viviendas en construcción, donde el Estado invirtió 3 mil millones de dólares. Además, 5 mil trabajadores podrían perder sus empleos. El Gobierno justifica esta medida como parte de un plan de ajuste, pero sus consecuencias son graves: *Parálisis del sector:La construcción de viviendas se verá afectada, impactando negativamente en la economía y el empleo. *Dificultad de acceso a la vivienda: Familias de bajos recursos verán aún más lejos la posibilidad de tener un hogar propio. *Pérdida de empleos: Miles de trabajadores del sector de la construcción podrían quedar sin sustento. La erradicación de la Secretaría de Hábitat y Vivienda es un retroceso en materia de derechos y políticas sociales. El Gobierno debe reconsiderar esta medida y buscar alternativas que garanticen el acceso a la vivienda y el desarrollo del sector.