Tal como lo había amenazado, el gobierno de Javier Milei apeló el fallo que le ordenaba cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El nuevo artilugio para no respetar la legislación nacional y la demanda popular vuelve a postergar la salida a un drama por el cual la comunidad educativa y organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizarán el próximo 15 hasta el Congreso.

El recurso contra el fallo del juez Martín Cormick que había dejado sin efecto el Decreto 759 -que suspende el artículo 5° de la ley con el argumento de que no se presentaron las partidas presupuestarias para cubrir ese gasto- fue presentado por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

Los argumentos que utilizó fueron que ese fallo se dictó “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

Además adujo que la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, debido a que la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que acusan que no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

Hace solo cuatro días, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 había declarado la inconstitucionalidad del decreto de Milei y había ordenado al Gobierno que gire los fondos a las universidades nacionales.

El fallo de 50 páginas fue una respuesta positiva al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado fue muy concreto en su decisión: “La propia Ley N°27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la Ley", dijo para rebatir el argumento con el cual insiste el amparo presentado por Pettovello.

Pero según esta presentación del gobierno nacional, el amparo del CIN y la demanda de la UBA no fueron la “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.

Además, el amparo insiste con el ya malogrado argumento del financiamiento presuntamente injustificado: remarca que el fallo afecta al equilibrio fiscal y que la legislación presupuestaria debe ser interpretada “armónicamente” junto con las complementarias.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, y en esa línea la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30 por ciento de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

También recurrió insólitamente a la figura de la “división de poderes” al sostener que el Congreso y la Justicia pretende “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.