Su finalidad es "proteger" los intereses específicos de las empresas contra quienes se opongan a la decisión del ejecutivo. En este sentido, impide la oposición de las Comunidades Indígenas, que son las principales afectadas por habitar los territorios cercanos a los recursos minerales. Parafraseando a Marcos Pastrana, sabio Diaguita, esta desición viene a “blanquear” todos los atropellos cometidos hasta ahora y continuar con una protocolización de todos los delitos ambientales que se han cometido.  Según la Onu, el 80% de los recursos minerales extraídos por empresas se encuentran en territorios Indígenas, al igual que muchos de los depósitos de hidrocarburos. El modelo extractivista y el agronegocio causa muertes entre los Pueblos Originarios y los coloca en situaciones de riesgo, que suponen una variedad de violaciones y abusos de sus derechos humanos, y exposición a los desalojos o desplazamientos. Frente a esta problemática las Comunidades cuenta con el convenio 169 de la Oit, sobre las obligaciones del Estado y la justicia de garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas.