La tregua social que se había insinuado durante buena parte del año pasado llegó formalmente a su fin. Tras meses donde los indicadores de vulnerabilidad mostraron un sendero a la baja, la primera mitad de 2026 marca un quiebre de tendencia: la pobreza volvió a subir y se ubicaría entre el 31% y el 32% en el promedio del primer semestre. De confirmarse esta proyección en la medición oficial que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el próximo jueves 24 de septiembre, significará que en la Argentina unas 14,5 a 15 millones de personas (incluyendo el universo rural) no cuentan con los ingresos suficientes para costear la Canasta Básica Total (CBT). La cifra contrasta de lleno con el cierre del segundo semestre de 2025, cuando el organismo oficial había reportado una pobreza de 28,2% y una indigencia del 6,3%. El repunte de los últimos seis meses implica, en términos llanos, que entre 1,5 y 1,7 millones de argentinos cayeron en la pobreza durante la primera mitad de este año. El deterioro no tomó por sorpresa a los analistas del mercado laboral. El punto de inflexión ya había quedado al descubierto con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2026, donde la pobreza trepó al 30% y la indigencia al 6,5%, cortando la desaceleración interanual e intertrimestral que se festejaba en los despachos oficiales hasta mediados de 2025. Para el economista e investigador Martín González-Rosada (Universidad Torcuato Di Tella), la trayectoria del semestre confirma una aceleración hacia el cierre de la primera mitad del año. González-Rosada calculó que el semestre cerraría en torno al 31,6%, producto de combinar un primer trimestre de 30,5% y un segundo trimestre que habría escalado al 32,7%. En términos urbanos, este guarismo representa alrededor de 9,4 millones de habitantes en condiciones de pobreza en las ciudades monitoreadas por el INDEC. En la misma línea, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, remarcó que las cifras confirman el freno definitivo en la baja de la pobreza y la consolidación de un repunte que retrotrae la situación a niveles de la postpandemia. Salvia advirtió, además, que si la medición oficial actualizara la estructura de gastos de la canasta (que todavía toma la encuesta de consumo 2004/2005 y no la más representativa de 2017/2018), la pobreza real treparía de inmediato al 38% o 39%, abarcando a más de 18 millones de personas. Tarifas, canastas en alza y un mercado laboral en retirada ¿Por qué sube la pobreza en un contexto donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró registros mensuales más acotados? La respuesta de los especialistas apunta a dos factores estructurales que golpearon con fuerza la capacidad de compra de las familias: El peso asfixiante de los servicios y precios regulados: Los reajustes en tarifas de electricidad, gas por redes, agua y transporte público absorbieron una porción creciente de los presupuestos familiares. En los estratos medios-bajos y vulnerables, el gasto en servicios esenciales llegó a duplicar su peso relativo, restándole margen al dinero disponible para afrontar la compra de alimentos e indumentaria. Caída del salario real e informalidad récord: Mientras el empleo asalariado registrado continuó en retroceso, la generación de puestos de trabajo quedó casi exclusivamente atada a modalidades precarias: monotributo, changas esporádicas y plataformas de reparto con jornadas reducidas y sin cobertura de seguridad social. Profundización de privaciones básicas: De acuerdo con los propios relevamientos de condiciones de vida del INDEC, el deterioro no solo se mide en billetes: se acentuó la cantidad de hogares con privaciones estructurales, tales como la falta de conexión simultánea a los tres servicios básicos (agua corriente, gas natural y red cloacal) y la pérdida de cobertura médica por obras sociales o medicina prepaga ante la imposibilidad de sostener las cuotas. Con este escenario de fondo, la publicación oficial prevista para el 24 de septiembre no solo pondrá blanco sobre negro sobre el alcance exacto de la suba, sino que reabrirá una discusión clave sobre la efectividad de las anclas fiscales frente a la erosión cotidiana del poder adquisitivo de los asalariados y jubilados.