La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que restringe el uso de los decretos presidenciales, con modificaciones, y deberá volver al Senado. La medida obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, aunque no logró aprobarse en particular el artículo 3, que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso tratara los decretos. El ofialismo celebró el traspie de la oposición como un triunfo propio. Con ayuda de gobernadores, la Coalición Cívica y antiguos aliados, el Gobierno ganó tiempo, y el veto que la Casa Rosada ya había anticipado se concretará después de las elecciones. La sesión transcurrió en un clima de máxima tensión por la situación de José Luis Espert, quien finalmente pidió licencia sin aclarar si renunciaba a su dieta. En la antesala del debate, el diputado Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amedrentó en los pasillos del Congreso. Sin José Luis Espert en el recinto, Diputados puso en marcha una sesión pensada para ponerle límites a Milei que no terminó como la oposición esperaba. La modificación de la Ley 26.122, que regula los decretos presidenciales, buscó frenar el avasallamiento permanente del Ejecutivo sobre el Congreso. Es que, a la seguidilla de vetos presidenciales, se sumó el conflicto de poderes que estalló por el decreto que suspendió la entrada en vigencia de la Emergencia en Discapacidad, además de la negativa del ministro Luis “Toto” Caputo a dar explicaciones en el Parlamento sobre el presupuesto 2026 y el nuevo salvataje financiero de Estados Unidos. El temario encendió las alarmas en el oficialismo y sus aliados, que temían un escarnio público por el caso Espert, recientemente imputado por la Justicia por los 200 mil dólares que habría recibido del narcotraficante Fred Machado. Los libertarios apostaron a que las gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, para frustrar la sesión dieran resultado. Sin embargo, pasadas las doce del mediodía, la oposición logró el quórum con 130 diputados sentados en sus bancas. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda garantizaron la apertura. Desde el radicalismo acompañaron Fabio Quetglas, Julio Cobos y Roberto Sánchez, mientras que las exlibertarias Lourdes Arrieta y Marcela Pagano, del bloque Coherencia, también aportaron al número. Desde ese mismo espacio, le reprocharon a Pagano el cartel que colocó en su banca, similar al de varios diputados de Unión por la Patria, con la leyenda “Narcotráfico nunca más”. El regreso de los aliados En medio de una crisis política sin precedentes, el Gobierno logró ganar tiempo para seguir gobernando por decreto. Martín Menem apostó fuerte tras una seguidilla de derrotas parlamentarias y se encargó personalmente de recomponer vínculos con gobernadores y antiguos aliados para frenar un nuevo golpe de la oposición. El titular de la Cámara baja se juega su continuidad al frente del cuerpo a fin de año. La ley, que deberá volver al Senado, establecía que cada DNU debía ser tratado en un plazo máximo de 90 días y que bastaría el rechazo de una sola Cámara para dejarlo sin efecto. Pero las presiones sobre los gobernadores surtieron efecto. Si bien la norma fue aprobada en general por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, la iniciativa —que estaba a punto de convertirse en ley— perdió 13 apoyos en el artículo 3, el que fijaba el plazo de 90 días. Para eso, el cordobés Martín Llaryora colaboró con una ausencia; la diputada santafesina Melina Giorgi, de Democracia para Siempre y alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro, se abstuvo en la votación en general y rechazó el artículo 3 en particular. Lo mismo hizo Jorge Ávila, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Los exlibertarios del MID y de Coherencia también volvieron a las bases y ayudaron al Gobierno, votando en contra del artículo 3. Así lo hicieron Carlos D’Alessandro, Eduardo Falcone, Oscar Zago y Gerardo González. La misma estrategia siguieron tres diputados del PRO —Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González— y tres de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López. Ese bloque ya había llegado con un dictamen propio y cuestionamientos al proyecto, por lo que se descontaba su rechazo. El resultado sorprendió a todo el arco opositor, que confiaba en aprobar la ley pese a las advertencias de la Casa Rosada sobre un veto inminente. Durante el debate, Miguel Ángel Pichetto recordó que la ley se sancionó “hace veinte años, tras la crisis del 2001, con un gobierno que había asumido con el 22% de los votos”. Advirtió además que “la utilización desmedida del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obliga a un debate” y remarcó que la iniciativa “no es una ofensiva contra el Gobierno, sino un instrumento necesario para resolver la crisis económica de la Argentina”. Pichetto intentó desactivar el discurso libertario que acusó a la oposición de intentar “gobernar desde el Congreso”. “Lo que están instalando es el gobierno del Congreso, donde ya no será el Poder Ejecutivo el que tome decisiones”, retrucó el oficialista Nicolás Mayoraz. “Dejen de hablar de golpismo y de desestabilización”, lo cruzó el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, en un cierre cargado de chicanas y reproches cruzados. La antesala de la sesión estuvo atravesada por una denuncia de amenaza. Facundo Manes afirmó que Martín Menem lo amenazó en los pasillos del Congreso antes del inicio del debate: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”, relató el neurocirujano que le habría dicho el presidente de la Cámara. El libertario negó el episodio y respondió en redes: “La política necesita seriedad, no teatro”. Fue apenas el comienzo de una sesión cargada de tensión.