Durante el encuentro se analizaron los desafíos de implementación de la normativa y la falta de recursos nacionales para llevarla adelante.

El gobernador Ricardo Quintela recibió este martes en Casa de Gobierno a Gloria Bonatto e Ivana Carmona, representantes de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, para analizar el impacto de la nueva Ley Penal Juvenil y coordinar acciones desde una perspectiva de protección de derechos. Del encuentro también participaron la vicegobernadora Teresita Madera y la diputada nacional Gabriela Pedrali.
“Estoy agradecido de que estén presentes aquí para poder debatir e instruirnos sobre esta situación atípica en la República Argentina, a partir de una decisión que tomó el Poder Ejecutivo, con acompañamiento del Poder Legislativo, donde se criminaliza a nuestros adolescentes”, expresó el mandatario.
Quintela destacó las políticas provinciales destinadas a generar espacios de participación y acompañamiento para las juventudes. “Acá hacemos todo lo posible para que los chicos estén contenidos en las diversas actividades que se desarrollan en nuestra provincia, en lo deportivo, en lo cultural, en el área juvenil, con una amplia concurrencia de jóvenes”, sostuvo.
Asimismo, remarcó el papel de quienes trabajan cotidianamente con adolescentes y la responsabilidad de las instituciones y la comunidad en su cuidado. “Los valores y principios son transmitidos muchas veces por los profesores de manera inconsciente. Esa incorporación de valores, de forma consciente e inconsciente, forma parte de la vida del joven. La Policía tiene que saber que los chicos se pueden equivocar, tiene que cuidarlos y protegerlos, y la comunidad nos tiene que ayudar”, afirmó.

Protección de derechos y responsabilidades del Estado
El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, cuestionó las condiciones en las que se impulsó la normativa. “Estamos transitando una nueva Ley Penal Juvenil que fue inconsulta, autoritaria, sin presupuesto y que criminaliza a nuestras juventudes”, manifestó.
“Estamos trabajando para conversar, debatir y discutir en cada uno de los ámbitos, y es muy importante que la Defensoría se preocupe, se ocupe y federalice el debate. Gracias por acompañarnos”, agregó.
Por su parte, Bonatto señaló que el abordaje requiere una presencia sostenida del Estado durante todo el proceso. “Hay cuestiones que plantea la ley que no se solucionan con un mayor nivel de punibilidad. El sistema penal juvenil empieza con la aprehensión y termina con la condena, y en todo ese proceso tiene que estar fuertemente involucrado el Estado”, explicó.
“La intervención tiene que ser respetuosa y tener el foco en el chico y no en la punibilidad”, remarcó.
La representante de la Defensoría también valoró las condiciones de la provincia para trabajar en el sistema. “Están todos los que tienen que estar para que esta sea una implementación exitosa, y la provincia tiene una fuerte ventaja que es su baja conflictividad. Eso da una oportunidad histórica para poder trabajar bien, tranquilos y perfeccionar el sistema”, sostuvo.
Finalmente, advirtió sobre el financiamiento: “El Gobierno nacional que impulsó esta ley no previó ningún tipo de fondo ni recurso para su implementación. Lo único previsto es que los supervisores federales, una figura que crea la ley, sean designados por el Ministerio de Justicia de la Nación”.
La Defensoría, conocida como “La Defe”, es un organismo público, independiente, autónomo y federal, cuya función es velar por el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de las niñeces y adolescencias.