La justicia federal ordenó el peritaje de los teléfonos del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y varios funcionarios de su entorno más cercano. El objetivo es establecer si existieron contactos previos con los desarrolladores de la criptomoneda acusados de fraude. La decisión fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano y aceptada por el juez Ariel Lijo, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, defraudación al Estado y estafa agravada. La medida se da luego de que la justicia de Estados Unidos congelara activos por 280 millones de dólares vinculados a los responsables de la criptomoneda, tras detectar maniobras típicas de una estafa tipo “pump and dump”. Según la denuncia, Milei habría promocionado públicamente $LIBRA en febrero de 2025, lo que provocó una suba abrupta en su cotización, seguida de una caída estrepitosa. Miles de usuarios, principalmente de América Latina, denunciaron pérdidas millonarias. La justicia busca determinar si esa promoción fue coordinada con los creadores del esquema o si el presidente fue utilizado sin saberlo como “gancho” político. Además del entrecruzamiento de llamadas, se investiga si hubo aportes económicos al entorno de Milei o contratos ocultos con empresas vinculadas a Kelsier Ventures, firma que emitió la criptomoneda. También se solicitaron informes al Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre movimientos sospechosos.