La Rioja aparece entre las provincias más afectadas por el recorte de transferencias federales, acumulando una pérdida de $106.573 millones hasta agosto de 2024. El impacto se agravó en los primeros meses de 2025, con caídas intermensuales de hasta el 16%, consolidando un escenario económico crítico. La profundización del ajuste no solo deteriora las finanzas provinciales, sino que repercute directamente en la vida de la población. La drástica merma de recursos provocó la suspensión de programas sociales, la paralización de obras públicas y serias dificultades en áreas esenciales como la salud y la educación. La Rioja, al igual que San Luis y Catamarca, enfrenta serias advertencias sobre la imposibilidad de garantizar el pago de salarios y la continuidad de servicios básicos. Desde distintas provincias, funcionarios y gobernadores manifestaron su alarma frente a la retención de fondos coparticipables bajo leyes y decretos nacionales. Advierten que la continuidad de esta política no solo debilita la autonomía provincial, sino que pone en riesgo la estabilidad social y el equilibrio del federalismo argentino.