El gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su brutal política de ajuste bajo el eufemismo de "desregulación". Esta vez, la motosierra pasa por los Parques Nacionales, dejando un tendal de trabajadores en la calle y atentando contra la conservación ambiental. La nueva medida impulsada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Cristian Larsen, en sintonía con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elimina la obligatoriedad de los guías turísticos en los recorridos convencionales de las áreas protegidas, dejando la actividad a la libre oferta y demanda. La política libertaria no solo destruye puestos de trabajo, sino que además pone en riesgo el turismo sustentable y la protección del patrimonio natural. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que esta medida, disfrazada de "simplificación burocrática", es en realidad una excusa para seguir con el ajuste y facilitar el negocio de unos pocos a costa del despido de cientos de trabajadores. Libertad para el mercado, ruina para los trabajadores Bajo el paraguas de la "libertad de elección", el gobierno de Milei avanza con una reestructuración que solo beneficia a grandes empresas y prestadores privados. Con la nueva normativa, las agencias podrán ofrecer servicios sin la presencia de guías profesionales, dejando la responsabilidad en manos de los propios turistas. Esta medida no solo vulnera el derecho al trabajo de cientos de guías, sino que también atenta contra la seguridad de los visitantes y la integridad de los ecosistemas protegidos. La intervención de los guías en los Parques Nacionales es fundamental para garantizar una experiencia segura e informada. Son ellos quienes advierten sobre los riesgos, previenen emergencias y fomentan el respeto por la biodiversidad. Sin su presencia obligatoria, aumenta el riesgo de accidentes, incendios y daños irreversibles en los ecosistemas frágiles. El ajuste no se detiene ahí. La desregulación también impactará en otros aspectos de la gestión de los parques: se eliminarán más de 12 reglamentaciones que regulaban actividades como la fotografía, el uso de caballos para turismo y otros servicios turísticos. La excusa es la "simplificación burocrática", pero en realidad se trata de una estrategia para reducir costos a expensas de la protección ambiental y el empleo local. La desprotección ambiental como política de Estado El ataque de Milei a los Parques Nacionales no es un hecho aislado. Su gobierno ha demostrado un desprecio sistemático por la conservación del ambiente, promoviendo la explotación sin control de los recursos naturales y recortando presupuestos destinados a la protección de las áreas protegidas. La eliminación de los guías es solo un paso más en un plan de desregulación que prioriza el negocio privado por sobre el bienestar común. Desde ATE advierten que esta decisión podría extenderse a áreas protegidas provinciales, ampliando aún más el impacto negativo. Sin un marco regulador claro, la conservación queda en manos de la voluntad de empresas y turistas, con consecuencias potencialmente devastadoras. Un modelo de país sin trabajadores La política de Milei no es otra cosa que la sistemática eliminación de derechos laborales y la precarización del empleo. Bajo su administración, el Estado se achica para dejar en la intemperie a miles de argentinos. Lo que se presenta como una "modernización" o "libertad" no es más que la profundización de un modelo de país donde los trabajadores son descartables y los servicios esenciales quedan librados a la lógica del mercado. La motosierra libertaria no es solo un símbolo de ajuste; es una declaración de principios de un gobierno que no duda en destruir fuentes de trabajo y derechos adquiridos en nombre de un discurso engañoso. La eliminación de los guías en los Parques Nacionales es solo la punta del iceberg de un plan sistemático de desregulación que arrasa con el empleo, la seguridad y el ambiente. La lucha por la conservación de nuestros parques es también una lucha por los derechos laborales y la justicia social. No se trata solo de turismo, sino de defender el derecho a un trabajo digno y un país que proteja su patrimonio natural para las futuras generaciones.