Por los incumplimientos del Gobierno nacional en saldar la deuda que tiene con La Rioja, la provincia se ve imposibilitada de cancelar compromisos contraídos por administraciones anteriores. La jurisdicción viene reclamando el pago que legal y legítimamente le corresponde, incluso habiendo iniciado acciones judiciales por los períodos del 2023. Se trata de US$ 26 millones del Bono Verde, con vencimiento en 2028, y del pasivo que le reclama CAMMESA tras la dolarización que realizó Javier Milei de las tarifas de energía eléctrica.
“La Rioja no está en default, el que está en default es el Estado nacional con La Rioja y por una cuestión de transitiva, La Rioja no puede cumplir con sus compromisos”, explicó el gobernador, Ricardo Quintela. «Ante la información publicada en algunos medios de comunicación que indica que la provincia de La Rioja está en default con los acreedores internacionales, el Gobierno provincial manifiesta que no puede cancelar esos compromisos contraídos por administraciones anteriores debido a la deuda que el gobierno nacional mantiene con La Rioja», planteó en un comunicado la provincia.
Los fondos que reclama Quintela se encuentran establecidos por el artículo 83 de la Ley N° 27.701 de Presupuesto Nacional 2023 reconducido para el ejercicio de este año, que a la fecha asciende a $ 40.632 millones a valores históricos, más actualizaciones por inflación e intereses. «La deuda del gobierno nacional impacta de lleno en la provincia, especialmente si se tiene en cuenta el proceso inflacionario y la megadevaluación del 118% en diciembre de 2023, más el crawling peg mensual registrado hasta la fecha», calcularon desde las arcas provinciales.
La Rioja enfrenta desafíos sin precedentes. La contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía riojana, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial, pero además, y lo más importante, es la falta de envío del gobierno nacional de los fondos que por ley le corresponden a la provincia. El apretón presupuestario que “derramó” desde la Nación por el ajuste a las transferencias discrecionales y la caída de la coparticipación por la menor recaudación de impuestos relacionados a la actividad, pusieron presión sobre las cuentas de las provincias.
La deuda de la provincia con los acreedores internacionales totaliza unos US$ 66 millones. Por lo tanto, critican desde La Rioja, «si el gobierno de Milei enviara los recursos que todos los presidentes anteriores respetaron sobre el punto de coparticipación que le corresponde a la provincia, la deuda ya se habría cancelado dentro de los términos formales. Sin embargo, el gobierno riojano ratifica, una vez más, que se encuentra en plena negociación para obtener el mejor de los acuerdos sin afectar la calidad de vida de los ciudadanos».
«La deuda Bono Verde PLR se está negociando de buena fe desde el mes de febrero con la intención de resolver capital e intereses, siempre y cuando se ajuste a las posibilidades de la provincia, lo que incluye la presentación judicial realizada en los tribunales de Nueva York», aseguraron en un comunicado del ejecutivo local.
El gobernador Quintela dijo recientemente ante los medios que el Bono Verde “es una deuda que la queremos pagar como se debe y como se puede. No voy a cumplir a rajatabla un esquema que armaron para dejar a la gente sin cobrar su sueldo. La prioridad está en la gente de mi provincia”. Aseguró que “el gobierno provincial viene buscando negociar condiciones más favorables para garantizar, además, la prestación de servicios esenciales y de calidad para la ciudadanía; y garantizar que el movimiento económico en la provincia no caiga, lo haga lo menos posible o se mantenga”.