Martes
1 de Octubre de 2024
POLITICA
7 de agosto de 2024
Piden firmas para que no asuma Javier Ruiz como Concejal.
Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la posible incorporación del Sr. Javier Ruiz a este cuerpo legislativo.
Entendemos la importancia de mantener la integridad moral y ética de las personas que ocupan cargos públicos. En este sentido, deseamos poner en su conocimiento algunos hechos que consideramos relevantes para su evaluación. La Sra. Gabriela Díaz, madre del hijo mayor del Sr. Ruiz, ha manifestado públicamente que su relación comenzó en circunstancias que reflejan una considerable asimetría de poder, dado que ella tenía 16 años y él 26 en el momento en que iniciaron su vínculo. Al margen de la situación procesal de Ruiz, y de la inexistencia de una denuncia formal por el delito de estupro, consideramos que estos antecedentes merecen una reflexión cuidadosa por parte de este cuerpo.
Adicionalmente, hemos sido informados de alegaciones actuales respecto al incumplimiento de las obligaciones alimentarias del Sr. Ruiz hacia su hijo, lo cual también pone en cuestión su idoneidad moral para el cargo que se le pretende asignar.
Respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una obligación moral básica que refleja el compromiso de la función pública con la protección de los más vulnerables en la sociedad. La falta de respeto hacia estos derechos es una traición a los principios de equidad y justicia que deberían guiar el servicio público. Los representantes del pueblo deben garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su edad, sean tratados con dignidad y respeto.
La violencia de género tratado como un problema del ámbito privado invisibiliza a las víctimas, perpetúa la impunidad y deja intactas las estructuras que permiten su continuación. Por ello, es esencial reconocer y abordar la violencia de género como un problema de ámbito público para garantizar la protección de los derechos humanos, la salud y el bienestar de las personas y comunidades.
Creemos firmemente que este cuerpo legislativo tiene la responsabilidad de evaluar no solo la legalidad sino también la moralidad de sus miembros. La inacción ante estos antecedentes podría interpretarse como una falta de apoyo a las víctimas y una omisión en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes..Solicitamos encarecidamente que consideren estos hechos y tomen una decisión que refleje los valores y principios que deben guiar a nuestros representantes.
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