El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía con la que el gobierno de Javier Milei pretende reforzar su impostado compromiso por las Islas Malvinas incluye un artículo oculto que pretende imponer sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes “manipulen la opinión pública” con “campañas de desinformación masiva” o “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje” contra el Estado. Según expertos, abre un peligroso antecedente que podría ser utilizado para la persecución de opositores en Argentina. La ley, que busca ratificar la defensa de la soberanía en las Malvinas, la protección de los recursos naturales y endurecer sanciones ya previstas en medio de la polémica por el avance de la explotación de millones de barriles de petróleo en el yacimiento Sea Lion administrado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum a partir de 2027, abandona el eje central en las Malvinas y se enfoca en la supuesta protección de infraestructura crítica. Milei busca apuntalar su giro sobre Malvinas: los principales puntos del proyecto que envió al Congreso Cómo es Sea Lion, el proyecto petrolero que amenaza con profundizar el colonialismo en las Islas Malvinas Para eso, dispone la articulación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Cancillería y el Ministerio de Economía y la Secretaría de Legal y Técnica, todo bajo la órbita del Presidente. La iniciativa incluye una catarata de reformas variopintas, como modificaciones a la ley de Defensa Nacional, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y cambios esenciales en el Código Penal que tipifican como delito federal las manipulaciones de la opinión pública. El objetivo de ese consejo es elaborar políticas de seguridad que deben ser coordinadas en todas las áreas del Estado. Según se desprende del capítulo denominado “Fortalecimiento ante la influencia extranjera y otras modificaciones”, el objetivo del gobierno es incorporar al Código Penal el artículo 225 bis. El 225, vigente en la actualidad, señala que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nación, apartándose de sus instrucciones”. La incorporación del nuevo artículo dice que se castigará con penas de entre cinco y 12 años de cárcel a quienes “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. También a aquellas que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. Y las penas se ampliarán de ocho a 15 años de prisión en caso de que la conducta se cometa “mediante amenazas, sobornos, coerción o o uso de estructuras criminales”. En ese mismo capítulo el gobierno busca incluir otras modificaciones al Código Penal para castigar con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes entreguen secretos a un Estado extranjero y de hasta diez a quienes “proporcionen deliberadamente recursos, documentación, identidades, instalaciones, medios técnicos o cualquier otra forma de apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia desarrollada o a desarrollarse en territorio nacional por cuenta de un Estado extranjero, siempre que el aporte resultare idóneo para facilitar la preparación, ejecución u ocultamiento” de la operación. Además, la reforma de Milei busca modificar la ley de Financiamiento de Partidos Políticos para impedir y castigar los aportes en campañas de parte de extranjeros sin residencia permanente. “Las personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y las personas jurídicas extranjeras no podrán realizar actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral”, señala el texto. “Es peligrosísimo” El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo a Página|12 que se trata de una serie de modificaciones extrañas. “Es un tipo penal raro el que incorpora, es complejo, aunque no inconstitucional”, resaltó, y señaló que el mayor peligro es que “cualquier cosa que haga un opositor o una persona que participe en un proceso electoral y tenga algún vínculo con un Estado, será acusada”. “Esto es para ser utilizado en algún momento contra opositores. No persigue el objetivo que dicen, que es resguardar la transparencia del proceso electoral y evitar que cualquier extranjero opere sobre las elecciones. Quieren utilizarlo bajo ciertas circunstancias que no están claras para perseguir a la oposición”, resaltó. En la misma línea, la antropóloga y exministra de Seguridad, Sabina Frederic, advirtió que estos artículos “van en la dirección de la persecución”. “Es una línea muy gris la de ‘manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masivas’. No se establecen excepciones y es muy peligroso, en especial por el Poder Judicial que tiene Argentina, sobre todo con los fiscales, que han demostrado una alianza profunda con el gobierno”.