El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó este lunes a favor de que la Corte Suprema de Justicia intervenga en el amparo presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contra el DNU de Javier Milei. El Tribunal analizará el caso a partir de febrero aunque no tiene plazos establecidos ni definición al respecto puesto que es un tema en plena discusión incluso en el Congreso Nacional. “A mi modo de ver, en atencion a la naturaleza de las parte que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, sostuvo en el dictamen Casal el cual no está obligado a compartir el Tribunal aunque ya había adelantado que son ellos los que deben resolver el planteo del Gobernador Quintela. “En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, cerró Casal. El Tribunal ya había adelantado que por ser una demanda de un Estado provincial contra la Nación es competencia originaria de la Corte y por eso lo resolverá aunque de tiempos no se tiene exactitud. Mientras en tribunales inferiores hay una catarata de planteos contra el DNU de Milei, será la Corte la que tenga la última palabra. El planteo de La Rioja. “En el día de la fecha (29 de diciembre) instruí a los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto N°70/2023, que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, informó Ricardo Quintela sobre la presentación de La Rioja ante la Corte por el DNU de Milei. Dijo también que pidió una medida cautelar que disponga “la suspensión total de efectos del decreto” y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa. “Con la vigencia del DNU N°70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”, justificó el mandatario peronista. Entonces indicó que hacía el reclamo “en nombre de su provincia” y ahondó sobre la presentación: “Busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra democracia”.