Javier Milei llegó este viernes a Misiones para cerrar un encuentro de ejecutivos de finanzas y fue recibido con una protesta de productores yerbateros. Colonos, tareferos y organizaciones sociales se movilizaron cerca de Puerto Iguazú para reclamar la restitución de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Denuncian que, tras la desregulación, cobran por la hoja verde poco más de la mitad de lo que cuesta producirla. La visita, que la primera del mandatario a la provincia desde que asumió, se realizó en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Ante ese auditorio, Milei ratificó el rumbo económico: aseguró que no cambiará la política fiscal ni la monetaria por “un capricho electoral”, ya que, según su opinión, su esquema económico “nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”. Afuera, el reclamo se expresó con tractores, camiones y banderas. “Te dimos nuestro voto, nos dejaste solos”, decía una de las consignas. “Precio justo para la yerba mate” resumía el pedido. Gendarmería desplegó retenes para controlar el ingreso de la caravana, que buscaba acercarse al hotel donde se desarrollaba la convención. El conflicto tiene como eje el DNU 70/2023, con el que el Gobierno eliminó la capacidad del INYM de establecer precios para la materia prima. El organismo, creado en 2002, intervenía en la negociación entre productores e industria. Sin esa herramienta, los colonos advierten que deben aceptar valores que no cubren sus gastos para poder colocar la cosecha. A pérdida El dirigente Jorge Skripczuk señaló que el kilo de hoja verde se paga entre 250 y 300 pesos, frente a costos cercanos a los 500 pesos. Las asociaciones del sector describieron situaciones todavía más desfavorables: operaciones de entre 180 y 285 pesos por kilo, con cheques a 90 o 120 días. A la pérdida por vender debajo del costo se suma, así, la demora para cobrar. Skripczuk comparó los números actuales con los de 2023. Entonces, la hoja verde puesta en secadero valía 210 pesos por kilo y la cosecha costaba 15 mil pesos por tonelada. Ahora, ese trabajo demanda 79 mil pesos. En el mismo período, según detalló, el litro de gasoil pasó de 380 a 2300 pesos. El precio que recibe el productor quedó muy por detrás de esos aumentos. Otro componente que presiona sobre las cuentas de las chacras son los aportes laborales incluidos en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Según Skripczuk, ese costo pasó de 11 mil a 44 mil pesos por tonelada cosechada entre 2023 y la actualidad. Sumado al pago al cosechero, ambos conceptos pasaron de 26 mil a 123 mil pesos por tonelada, sin contar el flete ni el mantenimiento del yerbal. “Con una hoja verde que se vende entre 250 y 300 pesos por kilo, esos dos gastos absorben entre el 41 y el 49 por ciento del ingreso bruto. Además, los productores deben afrontar esos pagos mientras esperan cobrar cheques que, según las entidades, tienen plazos de hasta 120 días”, advirtió. Desiguales La negociación se da entre eslabones de tamaños muy distintos. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizaba en 2024 unos 12 mil productores primarios, 228 secaderos y 105 industrias molineras y fraccionadoras. Las diez mayores empresas reunían el 72,7 por ciento del mercado y las tres primeras, el 41 por ciento. Las entidades yerbateras sostienen que la desregulación profundizó esa desigualdad y favoreció la concentración. También denuncian una caída superior al 11 por ciento de la cosecha entre enero y julio de 2026 y alertan respecto a que la falta de ingresos reduce el mantenimiento y la fertilización de los yerbales, con consecuencias para las próximas campañas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la decisión oficial. Según su planteo, el esquema anterior mantenía precios artificialmente altos. Propuso que la industria amplíe sus ventas al exterior. En Misiones se impulsa un proyecto de emergencia yerbatera, con respaldo del gobernador Hugo Passalacqua. La propuesta alcanza a explotaciones de hasta 50 hectáreas y prevé un precio mínimo de sostén obligatorio para la hoja verde. Los compradores podrían pagar por encima de ese piso, pero no por debajo. La iniciativa ingresó a la Legislatura provincial e incluye facultades de fiscalización, sanciones y el pago de diferencias cuando se incumpla el mínimo. Su aprobación está pendiente. Los productores buscan recuperar una herramienta que les permita cubrir los costos de la cosecha. También piden recuperar las facultades que tenía el INYM.